Defender la educación pública es defender el acceso a la formación y los derechos laborales.
Desde el Ministerio de Trabajo, a través del IPFL, expresamos nuestro profundo repudio a la medida adoptada por el Gobierno Nacional que avanza contra lo establecido en el Artículo 52 de la Ley N° 26.058, que garantiza la existencia del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
Esta decisión vulnera una política pública clave que asegura financiamiento estable para fortalecer la calidad educativa, la innovación tecnológica y el derecho de las y los estudiantes a acceder a formación con igualdad de oportunidades. Se profundiza así un modelo que debilita la educación pública y restringe derechos fundamentales.
En la provincia de Buenos Aires defendemos la Educación Técnico Profesional como motor de desarrollo productivo, inclusión social y futuro para las y los trabajadores de nuestro país.
Trabajamos para garantizar el acceso gratuito y de calidad a la educación pública y la formación laboral porque constituyen un derecho esencial, en un modelo de gestión con un Estado presente, donde las y los trabajadores de hoy forman a trabajadoras y trabajadores para el futuro.
