La política pública en discapacidad atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos. La falta de implementación de la emergencia vigente y el impulso de nuevas medidas reabren el debate sobre regresividad, garantías constitucionales y el rol del Estado en la protección de derechos.
En Argentina, los derechos de las personas con discapacidad no son una concesión ni una política optativa: constituyen obligaciones jurídicas con jerarquía constitucional. El sistema normativo vigente integrado por la Ley 22.431, la Ley 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone al Estado el deber de garantizar la igualdad real de oportunidades, la accesibilidad, la inclusión social y el pleno ejercicio de derechos.
En este marco, principios como la progresividad, la no regresividad, el debido proceso y la seguridad jurídica no son meras declaraciones: son estándares exigibles que limitan la acción estatal.
Ahora bien, el contexto reciente resulta clave para comprender la magnitud del conflicto. La Ley 27.793 fue aprobada por el Congreso en 2025, con amplio consenso, y posteriormente promulgada tras el rechazo del veto presidencial. Esta norma declaró la emergencia hasta diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar financiamiento, continuidad de prestaciones y sostenimiento del sistema. Sin embargo, su implementación fue inicialmente resistida por el Poder Ejecutivo y recién avanzó parcialmente a partir del Decreto 84/2026, dictado en febrero de 2026 incluso en cumplimiento de una orden judicial, lo que evidencia la tensión institucional en torno a su aplicación.
Este dato no es menor: la emergencia no solo existe, sino que su ejecución ha sido tardía, parcial y controvertida.
En este escenario, el Congreso ya reconoció una crisis estructural del sistema. La ley estableció la necesidad de garantizar la continuidad de tratamientos, actualizar aranceles, regularizar pagos, reducir barreras administrativas y sostener el sistema prestacional. Pero la distancia entre la norma y su implementación configura un claro incumplimiento estatal. No aplicar plenamente la ley implica sostener el deterioro del sistema y trasladar el costo de la crisis a las personas con discapacidad.
En este contexto crítico, el impulso de un nuevo proyecto de ley introduce una tensión adicional. Lejos de consolidar el modelo social de la discapacidad centrado en la eliminación de barreras, emergen señales de un corrimiento hacia enfoques más restrictivos .
La reciente iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional en materia de discapacidad reabre un debate que, lejos de ser meramente técnico o legislativo, se inscribe en el núcleo duro de los derechos humanos. No se trata simplemente de una nueva ley: se trata del sentido político-jurídico que el Estado decide imprimirle a la protección de uno de los colectivos históricamente más vulnerados, incluso propone modificar aspectos centrales del régimen vigente y avanzar en un reempadronamiento obligatorio.
¿Qué implica en la práctica?
Incompatibilidad con el trabajo formal: acceder a un empleo registrado puede implicar la pérdida de la pensión.
Reducción del monto de las pensiones: impacto directo en la subsistencia.
Reempadronamiento obligatorio y auditorías masivas: incremento de controles y carga burocrática.
Eliminación de mecanismos de actualización: pérdida del poder adquisitivo.
Crisis del sistema prestacional: desfinanciamiento y abandono de servicios.
Más barreras a la inclusión: retroceso frente al modelo social de la discapacidad.
El proyecto implica un retorno a criterios de “incapacidad laboral”, desplazando el enfoque de derechos y desconociendo las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad. Este corrimiento no es menor: representa un retroceso respecto de estándares internacionales.
A su vez, se suma un aspecto crítico: la posible afectación del debido proceso. Los mecanismos de revisión y control, sin garantías claras, pueden derivar en suspensiones arbitrarias de pensiones, vulnerando derechos adquiridos y principios de seguridad jurídica.
El problema de fondo no es la falta de normas. Es su incumplimiento. La emergencia ya fue declarada. Los derechos ya están reconocidos. Pero sin ejecución efectiva, se vacían de contenido.
Impulsar una nueva ley en este escenario no solo resulta contradictorio, sino que abre la puerta a una redefinición regresiva del sistema.
La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en el contenido del nuevo proyecto, sino en una pregunta previa y esencial: ¿puede el Estado proponer una reforma cuando aún no ha garantizado lo básico? La respuesta, desde una perspectiva jurídica rigurosa, invita al menos a la cautela. En definitiva, el desafío no radica en multiplicar leyes, sino en hacer efectivas las existentes. Porque en materia de discapacidad, el verdadero avance no se mide en el Boletín Oficial, sino en la vida cotidiana de quienes esperan todavía que sus derechos dejen de ser una promesa para convertirse en una realidad.
En definitiva, la discusión sobre discapacidad en Argentina no es meramente jurídica. Es profundamente política. Se trata de decidir si el Estado va a garantizar derechos o a restringirlos. Porque cuando el Estado no cumple con lo ya garantizado y, en cambio, impulsa reformas que pueden reducir derechos. Se vuelve, sin matices, una definición política sobre a quiénes protege y a quiénes deja atrás.
Mariana Soledad Badaracco
#LaKultural #Radio #ComunicaciónPopular #ComunicaciónOrganizada
Quienes acompañan y hacen posible que esta información llegue a más personas.
Leave a Reply